Trabajadores de seguridad de la empresa contratada para prestar servicios en el Hospital Samic de Oberá han decidido iniciar un paro de actividades de 48 horas a partir del miércoles 22 de mayo. La medida, que incluye una permanencia en el hospital, se lleva a cabo en respuesta a una serie de incumplimientos de la legislación laboral vigente por parte de la empresa.
El principal reclamo de los trabajadores se centra en el incumplimiento del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), que establece la obligación de pagar los salarios en término. Los empleados exigen que el pago se realice el cuarto día hábil de cada mes. Además, demandan el cumplimiento de la escala salarial vigente para el sector, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 y el artículo 119 de la misma ley, que estipula un sueldo de ochocientos cuarenta mil pesos brutos por 8 horas de trabajo, monto que las empresas no están respetando.
Otro punto crítico en las demandas es el pago del plus por nocturnidad, también regulado por el CCT 507/07, que los trabajadores aseguran no estar recibiendo. Esta situación de precarización extrema no solo afecta a los empleados de seguridad del Hospital Samic, sino también a otros compañeros que prestan servicios tercerizados para el Estado.
Los trabajadores señalan que los organismos estatales, al priorizar propuestas más económicas, están permitiendo que empresas que no cumplen con las normativas laborales ganen las licitaciones. Estas empresas, para ajustar sus presupuestos, precarizan y explotan a sus trabajadores, ignorando los derechos adquiridos.
La asamblea de trabajadores decidió tomar esta medida de fuerza no solo para visibilizar su situación, sino también para exigir a las autoridades competentes que tomen medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales vigentes. Hacen un llamado al organismo estatal responsable para que controle de manera efectiva a las empresas tercerizadas y garantice que se respeten los derechos de los trabajadores en todas las licitaciones y contratos públicos.
Además, se hace un llamamiento a la dirigencia para que concluya con este estado de oprobio y miseria de los trabajadores. En caso de no obtener una respuesta favorable, no descartan extender las medidas de fuerza a otras unidades y objetivos en disputa.
La huelga se desarrolla en cumplimiento de la Ley 25.877 sobre servicios esenciales, y los trabajadores garantizan que se mantendrá el libre ejercicio de los derechos fundamentales amparados por la Constitución Nacional en su artículo 14 Bis, el Convenio 87 de la OIT, la Declaración Socio Laboral del Mercosur y la Ley 23.551.
Por lo expuesto, los trabajadores solicitan a las autoridades una intervención urgente y efectiva para resolver esta situación y asegurar condiciones laborales dignas para todos.