Avanzada la pesquisa, la Justicia Federal halló elementos para imputar a ocho policías por la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en resguardo del depósito de decomisos de la Unidad Regional II de Oberá.
Se trata de seis efectivos que cumplían funciones en la División Toxicomanía, responsable de la custodia de la droga, además de la jefa y segundo a cargo de la Seccional Tercera, dependencia en la que se hallaba el depósito ahora clausurado.
En tanto, si bien hoy vence el plazo de diez días para el secreto de sumario dispuesto por el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, fuentes con acceso al expediente no descartaron que el magistrado decida extender dicho recurso a los fines de preservar detalles de la investigación.
Según averiguó El Territorio, los sucesivos testimonios del personal subalterno que cumplía funciones en Toxicomanía no habrían hecho más que complicar la situación de quienes estaban al frente de la misma.
Incluso, trascendió que el subcomisario Carlos Ariel L., actualmente en disponibilidad por orden de la Jefatura de la Policía de Misiones, habría entrado en serias contradicciones que derivaron en la renuncia del defensor oficial asignado, por lo que tuvo que cambiar de abogado, cargo que recayó en una defensora oficial.
Con respecto a las autoridades de la Seccional Tercera, se habría determinado que en el libro de guardia no se registraba el acceso del personal de Toxicomanía al depósito, lo que atiza suspicacias.
Ahora, la Justicia Federal deberá determinar si hubo acción u omisión, complicidad o negligencia por parte de quienes estaban al frente de la dependencia.
Horas previas
En paralelo a la causa judicial, la Jefatura ordenó el pase a disponibilidad del subcomisario Carlos Ariel L., además de un sargento y una cabo que fueron los últimos en ingresar al depósito.
Los citados subalternos habrían accedido al depósito el pasado 5 de agosto, dos días antes de que el jefe de la división informe sobre la desaparición de la droga.
Transcurrido un mes del hecho y avanzada la instrucción judicial, se fueron conociendo detalles que resultarían importantes para deslindar las responsabilidades de un caso de extrema gravedad.
Por ejemplo, si bien el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B. -jefe y segundo a cargo, respectivamente- fueron quienes notificaron del faltante a la superioridad, en declaraciones posteriores los demás testigos aportaron datos que podrían complicar a los citados.
Incluso, antes de dirigirse al depósito ubicado en la Seccional Tercera se presentaron en la base de la División Investigaciones, donde circunstancialmente se hallaba el segundo jefe de la UR II, a quien habrían solicitado que los acompañe para realizar el conteo de la droga, lo que no fue posible porque el superior estaba ocupado con un asunto urgente.
Asimismo, horas antes el subcomisario se encontraba cubriendo un servicio adicional en un conocido mayorista local, solicitó relevo por una presunta indisposición y se retiró antes de que llegue su reemplazo, lo que resulta al menos llamativo.
Días después, ya en disponibilidad el mismo oficial se habría presentado en la base de la División Toxicomanía con intención fotografiar expedientes y reunirse con el personal.
Pero los subalternos se negaron a tales requisitorias, alertaron de la irregularidad a los superiores y se radicó una denuncia por presunto entorpecimiento de la investigación.
Varios indicios
Sin avanzar en detalles que pueden afectar el secreto de sumario, trascendió que varios testigos que declararon en el Juzgado Federal aportaron datos y pruebas que comprometerían a los oficiales de mayor rango que estaban al frente de Toxicomanía al momento de la desaparición de la cocaína.
Tampoco es la primera vez que el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B. se ven implicados en un hecho grave, puesto que ambos están imputados por el brutal homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril del 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que aún aguarda fecha de juicio oral y público.
Llamativamente, a pesar de la gravedad de la acusación en su contra, hace varios años que ambos lograron posicionarse en una dependencia con amplias atribuciones como Toxicomanía.
Asimismo, en el expediente actual se habrían puesto en evidencia ciertas discordancias patrimoniales que no pasaron desapercibidas para el juzgado interviniente.
“Compras, viajes y un estilo de vida que no condice con los sueldos que perciben. Incluso uno de ellos, en plena pandemia, comenzó a construir diez departamentos. No son datos concluyentes, pero sin dudas generan interrogantes y se está trabajando en tal sentido”, confió una fuente del caso.
Otra cuestión que surgió por el aporte de los testigos tiene que ver con la metodología de trabajo, como ciertas prácticas y relaciones con informantes, lo que de corroborarse podría llegar a afectar varias causas en las que trabajó personal de Toxicomanía de Oberá en los últimos años.
Es decir que más allá de las responsabilidades puntuales en cuanto al escándalo de la desaparición de un kilo de cocaína, la investigación en marcha podría hacer tambalear varios casos anteriores donde intervinieron los mismos funcionarios.
Cambio de nombre
Entre los coletazos del hecho que sacudió la estructura de la UR II, sobresale el recambio del jefe y de todo el personal que se desempeñaba en Toxicomanía.
Por ello, avanzada la investigación interna, el 14 de agosto las autoridades policiales dispusieron el relevo de todo el personal. Fue nombrado jefe el oficial auxiliar Claudio Galeano, con quien arribaron cinco subalternos.
Fue tal el impacto del escándalo, que las autoridades decidieron cambiar de nombre a la división, que pasará a denominarse Drogas Peligrosas.
En tanto, los apartados pasaron a cumplir funciones en diferentes comisarías de la jurisdicción de la UR II, sin perjuicio de lo que depare la investigación judicial por la desaparición de droga.
Con relación a las declaraciones en el ámbito penal, varios subalternos habrían expresado serios cuestionamientos hacia el jefe y su segundo, quienes a su vez apuntaron a los primeros. En concreto, hubo acusaciones cruzadas entre camaradas.
Precisamente, desde un primer momento la investigación se enfocó en el jefe y personal de Toxicomanía, los únicos que tenían acceso a las llaves del depósito que dispone de cerradura y candado.
Es más, el acceso no fue forzado, por lo que quien o quienes tomaron la cocaína contaban con llaves.
En el mercado ilegal la droga desaparecida se cotiza en alrededor de 1.500.000 pesos. Era parte de un lote decomisado el 28 de septiembre del año pasado en un procedimiento que se concretó en la localidad de Campo Viera.
En aquella ocasión un hombre de 50 años fue detenido con varios panes de cocaína de máxima pureza, secuestro que arrojó un peso total de 4,213 kilogramos divididos en cuatro paquetes, de los cuales desapareció uno.
Secuestro y clausura del depósito
Entre las últimas medidas de prueba, el último jueves personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) procedió al secuestro de toda la droga que había en depósito de la UR II, ubicado en dependencias de la Seccional Tercera. Tal como informó El Territorio en exclusiva, en la oportunidad se procedió al decomiso de poco más de 3.000 kilos de marihuana y 3 kilos de cocaína. Los estupefacientes fueron ubicados en los depósitos del Escuadrón 9 Oberá de GNA.Además del retirar toda la droga que estaba en custodia de la División Toxicomanía, se procedió a la clausura del depósito de la Policía.
EL TERRITORIO
