Mártires: vecinos reclaman intervención del Ministerio de Gobierno por hechos de violencia de concejal y sus hijos

0
223

El pequeño pueblo de Mártires, que pertenece al Departamento de Candelaria, está convulsionado y con preocupación que roza con el temor. Es que desde hace un tiempo, los habitantes sufren una gran cantidad de irregularidades de parte de concejal de “Juntos por el Cambio”, Hugo Cabrera y violencia provocada por sus hijos, que, según manifiestan, se manejan con total impunidad “como si fuesen dueños del pueblo”, vulnerando los derechos de vecinos y vecinas.
Es tal la preocupación que juntaron más de 100 firmas y la presentaron con una nota al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, solicitando su intervención, porque ya agotaron todas las instancias con las autoridades municipales y con la jueza de Paz.
Cabrera, es el mismo edil que logró una bochornosa fama en 2017, cuando publicó en sus redes sociales una foto posando semidesnudo en una cama, rodeado de dinero ostentando su “capital”. Además, fue denunciado por su pareja por violencia de género, la joven de 17 años en ese momento afirmó que el concejal la golpeaba estando embarazada. El caso está en la Justicia.
Detener el accionar de los “hijos del poder”A todo esto se suma que en el último tiempo, el concejal Cabrera, y sus hijos son denunciados por sus vecinos, primero en la policía y ahora públicamente por una larga lista de irregularidades y delitos.
Por esta preocupación un grupo de familias convocaron al diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, quien las escuchó y acompaña su reclamo. “En la historia de Misiones vimos muchas situaciones con ‘hijos del poder’ abusando de una posición privilegiada, algunos en casos extremos y no resueltos. Creemos que en Mártires se está repitiendo la misma historia, y antes de que pase a mayores, creemos que es necesario que accione la Justicia”, señaló.
Aparentemente serían los hijos de dos concejales, Hugo Cabrera y Mirta Márquez, y que por la influencia que tienen sus padres, se creen con la impunidad de no respetar leyes ni reglas, sin riesgo de que sean sancionados.
“Los reiterados hechos de violencia generan temor en el pueblo. Creemos que si no hay una intervención y correcto manejo de la situación por parte de las autoridades, se corre el riesgo de una reacción popular”, expresó Sereno.
“Somos violentados por hijos de ediles”
Adriana Pereira Da Silva, es docente en Mártires y es una de las víctimas de violencia en su barrio 6 Viviendas.”Todo el barrio es hostigado y violentado por estos jóvenes, hijos del poder. Somos víctimas de robos; vacían nuestras casas, y por más que denunciamos, vemos que es muy poco lo que puede hacer la Policía.
En mi casa entraron a tobar y desde el 27 de marzo tiran piedras en mi domicilio.  Vivo sola con mis hijos chicos que hace unas semanas tuvieron una crisis de nervios por estas agresiones”, reclamó angustiada.
Estos “hijos del poder” se trasladan en motos de manera temeraria, y sin respetar la cuarentena. En el pueblo se sabe quiénes son; pero por su parentesco con los ediles y por ser menores de 18 años, en la Comisaría no pueden hacer nada.
“No es justo sufrir este hostigamiento, teniendo que acudir a la asistencia psicológica por lo mal que nos sentimos, y la Justicia no resuelve esta situación”, lamenta.

“No tenemos respuesta de las autoridades locales”

Todos los testimonios son coincidentes: “Hicimos pedidos a todas las autoridades locales; pero la impunidad sigue. Yo nací en Mártires y nunca tuvimos una situación tan grave como esta. Son hijos del concejal Cabrera, y de otra edil, que amparados por la protección política, mantienen en zozobra a toda la comunidad. Muchos vecinos fueron intimidados con armas de fuego. En el pueblo se vive con miedo”, dijo Cármen Nielsen.
Explicó que en esa zona humilde la gente tiene miedo de enfrentarse con estas personas que abusan por su porción de poder. “Hace unos días los hijos del concejal Cabrera junto a otros golpearon a unos policías. Y eso nos prendió una luz de alerta porque si no respetan a la autoridad local, ¿en qué vamos a terminar?”, se preguntó.
Aseguró que se sienten en riesgo, porque “éstas personas son peligrosas y no respetan ninguna reglamentación. Se supone que un ciudadano con una banca en el Concejo Deliberante debe proteger a su pueblo, no hacer abuso de ese poder”, remarcó la mujer.
“Hacemos un pedido desesperado”
Otros vecinos insisten en que las instituciones locales no dan respuestas. “En el Concejo no nos reciben, hablamos con el intendente Alejandro Max (FR) y tampoco nos ayuda, y por lo que vemos, la Policía y la Justicia no están pudiendo solucionar el problema. Para la vecina Ester Sosa, el problema es cada vez mayor, y por eso “hacemos un pedido desesperado al ministro de Gobierno. No vemos solución al problema, la violencia crece, y sentimos que estos violentos manejan el pueblo”.
Ester aseguró que cada semana alguna familia hace una denuncia, pero sin resultados. “Hace tiempo nos sentimos amedrentados. La Policía hace su trabajo y toma las denuncias; pero como los acusados son menores, los padres los respaldan. Y así no podemos vivir”, reitera.
Cuando pudieron hablar con el intendente Max, les dijo que terminar con el accionar de estos jóvenes es responsabilidad de la Policía; “pero no nos brinda solución como jefe del pueblo en estado de derecho. Queremos pedirles a las autoridades provinciales que tomen conciencia de que esta situación puede terminar mal entre los propios vecinos, si no se soluciona dentro del marco de la ley”, advirtió.

Que intervenga el Gobierno provincial
Hace unos días, los y las vecinas recolectaron más de 100 firmas -más de diez páginas- y con una nota presentaron al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, detallando algunas de las razones por las que piden la intervención urgente del Estado provincial y la destitución del concejal Hugo Cabrera.
“El abuso de poder es una de las principales razones. Son muchos los casos en los que el edil actuó con total impunidad sobre los derechos de otros vecinos, como usurpación de domicilio, venta ilegal de chacras, clausura de comercios, corte de calles, corte del suministro de energía eléctrica y amenazas de todo tipo”, expresan en la nota.
Además de persecución política en desmedro de los empleados municipales que “son amenazados”. Por otro lado, subrayan que hay una protección hacia estos jóvenes que impide que la Policía cumpla con su función. “Solo así se entiende que tengan semejante impunidad cuando sabemos que provocan hechos violentos y delictivos sintiendo que prácticamente son los dueños del pueblo”, lamentaron los firmantes de la nota.