La billetera le pone límites a la cuarentena, (Por Jorge Mielniczuk)

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Es fuerte la presión que están recibiendo los gobernantes por ampliar las excepciones y flexibilizar las medidas sanitarias. Los sectores económicos y las necesidades quieren ponerles límites a las restricciones preventivas de la salud, como si estuvieran en una puja silenciosa de quién es más fuerte. De la boca para afuera, todos priorizan la salud, pero actúan y presionan a favor de la economía y cada cual tiene y exhibe o no sus razones.

El gobierno nacional puso en circulación unos 86 mil millones de pesos, solamente del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más otros beneficios sociales. De ese circulante todos los actores de la economía quieren captar una parte, para que no termine todo en manos de los supermercadistas que fueron los que mayores ingresos tuvieron durante la cuarentena.

 En Misiones, el IFE inyectará unos 2.600 millones de pesos, más otros beneficios, como el pago a tabacaleros, entre otros. Como se sabe, ese dinero va a consumo de bienes y servicios, no al ahorro, lo que hace mover a todo el circuito provincial en intentar captar ese dinero que hoy día no se escurre hacia el Paraguay y circula en el ámbito provincial.

Más allá de la cuestión comercial en todos los rubros, hay sectores que se han visto muy afectados, en particular, aquellos que brindan servicios, desde peluquerías y servicios de belleza y cuidado corporal, albañiles, profesionales de diferentes ramas, por citar un ejemplo, los abogados, que están solicitando al Superior Tribunal de Justicia de la provincia el final de la feria judicial para poder mover los expedientes y así poder percibir honorarios.  

Para las próximas horas se espera que el gobierno nacional brinde mayores precisiones sobre la flexibilización de las restricciones en las provincias en las que no hay circulación de virus, como ocurre en la provincia de Misiones, mediante un protocolo establecido, para que se muevan los demás sectores de la economía que están necesitando obtener ingresos para poder hacer frente a los costos fijos.

 Muchas PyMEs están con dificultades para el pago de salarios y otros costos y no pueden acceder a la ayuda del gobierno nacional, ni en el crédito ni el pago del medio sueldo por tener personal en negro, como así también parte de su movimiento económico y que hoy por hoy quedarían en evidencia ante la AFIP.

Para el caso de Oberá, la idea del intendente Carlos Fernández y su equipo de gobierno están a la espera de las resoluciones nacionales y provinciales para la flexibilidad de las medidas restrictivas por la cuarentena, pero mantendrían los horarios y la atención según la terminación del DNI, que, si bien ha generado polémica y alguna presentación ante la justicia, dio los resultados esperados de evitar largas colas en los bancos, lugares de pagos y supermercados.

La necesidad y la presión económica y recaudatoria le están poniendo límites a las medidas de prevención sanitaria, dejando en una encrucijada al gobierno nacional, provincial y, en particular, a los intendentes, que son los que están más cara a cara con los afectados, tratando de mediar y decidir entre las necesidades del cuidado sanitario para que no se desate una pandemia a nivel local, la necesidad económica y la voracidad económica de otros sectores.     

  Impuestos a los pobres, trabajadores y desocupados

Es casi común y generalizado el comentario de empresarios, comerciantes y de la población en general regañar porque pagan impuestos y contribuciones en beneficio de los que no pagan nada, porque no tienen nada más que su capital de trabajo, su tiempo. Está claro que, si alguien obtiene enormes ganancias y riquezas, alguien está recibiendo una porción menor de ingresos o de la torta de la que somos parte todos, ricos y pobres, empresarios exitosos, trabajadores y desocupados.

 Y en verdad todos pagan el impuesto más desigual del tributo al Estado, que es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, en promedio, entre los diferentes productos gravados y los exentos promedian entre el 17 y 18 por ciento a consumidor final. Es decir, un trabajador que tenga un ingreso mensual de 30 mil pesos, es decir unos 5.400 pesos son los que terminarán en manos del Estado, siempre y cuando la compra sea en blanco y el comerciante que retiene ese dinero lo transfiera al Estado. Esto, sin contar los demás gravámenes que el sector comercial, industrial y de servicio transfieren al consumidor final. A ello, se deben sumar los impuestos provinciales, como patentes y el impuesto inmobiliario, además de las contribuciones municipales en concepto de barrido y limpieza, entre otros ítems.

Lo mismo ocurre con los desocupados, los pobres, lo beneficiarios de planes sociales, a los cuales muchas personas de “bien” los califican de planteros, y que, en definitiva, en forma indirecta, son contribuyentes del Estado, porque al comprar leche, pan, aceite, carne u otro producto o servicio, paga el 21 por ciento del IVA, que es uno de los mayores tributos coparticipables de nación a las provincias.

Como se notará, los pobres, desocupados y los trabajadores tienen una carga impositiva y sin crédito fiscal, como si lo tienen las industrias comercios y prestadores de servicios que reniegan sobre los impuestos que tienen que abonar mensualmente a los que se le carga ingresos brutos y ganancias.

Ahora está en discusión una ley que pretende aplicar un impuesto a los que tienen grandes fortunas, que seguramente la han logrado trabajando, ahorrando, invirtiendo y en algunos casos, evadiendo algo de impuestos, es decir, no pagándole todo lo que le deben pagar al fisco. Hoy día el buen contador de una empresa, o de varias, se destaca por su habilidad en lograr que las empresas tributen menos impuestos de los que deberían pagar, utilizando diferentes estrategias para estar dentro de los márgenes de la ley y no tener problemas penales tributarios por evasión fiscal. De última, y como suele ocurrir, se acogen a una amplia y generosa moratoria, mientras tanto, usaron ese dinero del Estado para realizar otras oportunistas inversiones que le dieron un buen margen de rentabilidad por las cuales deberán tributar y se volverán a quejar del Estado por lo que tienen que pagar de tributo.      

   Muchos empresarios multimillonarios debían hacerse cargo, vía mayores tributos, de la pobreza y el desempleo que generaron y del que hoy se hace cargo el Estado.